Advierten que para fin de año van a haber desaparecido 40 mil empresas
Diferentes cámaras del sector privado y consultoras económicas advirtieron este lunes que, si se mantiene el actual ritmo de contracción de la actividad, para fin de año van a haber desaparecido 40 mil empresas en toda la Argentina.
El drástico pronóstico del entramado comercial e industrial expone la vulnerabilidad de las pequeñas y medianas pymes frente a la caída del poder adquisitivo y el incremento de las tarifas regulatorias en el país. El dato importa de manera urgente porque anticipa una fuerte destrucción del empleo formal y redefine el escenario de las negociaciones de las políticas productivas entre las provincias y el Poder Ejecutivo.
El cierre masivo de unidades productivas afecta de forma transversal al comercio minorista, los establecimientos industriales y los sectores de servicios, que representan el principal motor de empleo en los grandes cordones urbanos del país. La combinación de una demanda interna estancada tras el cierre del año anterior y los desafíos de financiamiento actuales ha empujado a miles de empresarios a liquidar inventarios o declarar el cese definitivo de actividades antes de acumular pasivos insostenibles.
Desde el punto de vista operativo, los analistas señalan que la velocidad de esta caída no tiene parangón en el corto plazo. Las pymes argentinas enfrentan una pinza económica: por un lado, una baja pronunciada en las ventas y, por el otro, una estructura de costos fijos -impulsada por la desregulación de los servicios públicos- que vuelve inviable la supervivencia de los comercios de barrio y los talleres fabriles medianos.
La proyección de las 40 mil bajas comerciales desató de inmediato una intensa polémica entre los equipos técnicos del Ministerio de Economía de la Nación y las agrupaciones empresariales de base. Mientras que desde el Palacio de Hacienda se defiende que el mercado atraviesa un proceso de depuración y ordenamiento macroeconómico indispensable para garantizar la estabilidad monetaria a largo plazo, los representantes de las pymes consideran que la falta de políticas de fomento activa está provocando un "industricidio".
La controversia radica en el impacto social que este quiebre de firmas acarrea. La oposición legislativa en el Congreso argumenta que el Ejecutivo nacional asiste con pasividad al desmantelamiento del capital social argentino en pos de metas fiscales exclusivas, mientras que los voceros de las carteras oficiales aseguran que una flexibilización impositiva inmediata comprometería el sendero de la baja de la inflación.
La advertencia pone en primera línea a los dirigentes de las principales entidades gremiales empresarias, como la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y las uniones industriales de distintas provincias, quienes buscan canales de diálogo urgente con las autoridades. En la otra vereda, la Secretaría de Industria y Comercio de la Nación intenta amortiguar el impacto agilizando ciertos regímenes de importación de insumos, una medida que los pequeños fabricantes locales evalúan como insuficiente.
Asimismo, los sindicatos nucleados en los distintos sectores fabriles y de servicios se encuentran en estado de alerta. Para los representantes de los trabajadores, la desaparición física de las empresas implica directamente la pérdida irrecuperable de puestos laborales bajo convenio, lo que presiona el termómetro de la conflictividad social en pleno invierno.
Las consecuencias de este derrumbe empresarial trascienden las fronteras económicas y golpean de lleno la gobernabilidad. Un escenario con decenas de miles de persianas bajas erosiona de forma directa la recaudación fiscal de las provincias y de los municipios, que dependen de las tasas de seguridad e higiene y de los impuestos a los ingresos brutos locales para sostener sus estructuras de servicios esenciales.
En el plano político, el fenómeno debilita la narrativa del oficialismo sobre una reactivación en forma de "V". Por el contrario, fortalece los reclamos de los gobernadores de la oposición, quienes utilizan los datos de cierres en sus distritos para exigir la restitución de fondos coparticipables y el freno a las reformas de desregulación que afectan a la producción nacional.
La tensión entre las políticas de estabilización monetaria y la supervivencia de las pymes reconoce antecedentes profundos en las últimas décadas de la historia económica del país. Los ciclos de apertura comercial acelerada y contracción del consumo público suelen golpear primero a las cadenas de valor con menor espalda financiera, un fenómeno que ya se observó en periodos de reconfiguración estatal previos.
El actual panorama de 2026 profundiza una inercia compleja heredada de los desequilibrios del año pasado. Para las cámaras comerciales, la diferencia fundamental radica en que la falta de herramientas de crédito accesible elimina el último colchón de resistencia que las empresas familiares argentinas solían utilizar para capear las recesiones transitorias.
El Bonaerense